El 3 de septiembre, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron el hallazgo de un complejo clandestino de 5.700 metros cuadrados cerca de Corralejo, Sinaloa: dieciséis mil trescientos cincuenta kilogramos de metanfetamina en distintas fases de producción, más de cuatro mil litros de precursores, miles de kilos de insumos sólidos. Sumados a otros dos laboratorios desmantelados un día antes en la misma zona y en Corral Viejo, el operativo retiró casi diecisiete toneladas de droga sintética y golpeó, según el cálculo oficial, trescientos cuarenta y siete millones de dólares de la capacidad financiera del crimen organizado.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo describió como uno de los golpes más relevantes contra la producción de drogas sintéticas de la actual administración. Atribuyó el hallazgo al trabajo de inteligencia naval, y de paso, al intercambio de información con agencias de Estados Unidos.
Ahí está el detalle que de costumbre se pasa por alto: la cifra se anuncia con orgullo nacional, pero su origen operativo depende, en gran parte, de un flujo de inteligencia que no nace en México. Esto no sería noticia si no fuera porque el gobierno mexicano ha construido, durante meses, un relato que niega justamente esa dependencia cada vez que alguien más la nombra en voz alta.
Cuando la DEA anunció el año pasado el "Proyecto Portero", una iniciativa binacional contra los operadores fronterizos de los cárteles, la presidenta Sheinbaum salió a desmentirla en su conferencia matutina: no había ningún acuerdo con la agencia, dijo, y no sabía con qué base había hecho el anuncio. Cuando la DEA reivindicó el golpe de seiscientos setenta detenidos y cuatrocientos cincuenta millones de dólares en droga contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, la respuesta fue idéntica: aquello se había hecho del lado estadounidense, sin participación mexicana. Cuando el director de la agencia, Terry Cole, describió una conexión entre estructuras criminales y funcionarios del Estado, Sheinbaum calificó la acusación de política y sin sustento, y devolvió la pregunta: que investiguen el consumo dentro de su propio territorio. Y ahora, tras el anuncio de esta semana, la DEA volvió a salir, esta vez para señalar que la caída de ocho narcolaboratorios no habría sido posible sin su intervención. El guion se repite con la puntualidad de un ritual: Washington reclama crédito, México lo niega frente a las cámaras, y en privado la coordinación continúa sin pausa.
No hace falta demasiada perspicacia para notar que ese ritual no protege la soberanía: la sustituye. La soberanía, entendida como categoría jurídica y política, implica capacidad de decidir, de investigar, de perseguir, de sancionar dentro del propio territorio sin depender de un tercero. Lo que se exhibe en cambio es una soberanía de utilería: se invoca para negar en la mañanera lo que se ejecuta de noche, pero no se invoca para exigir que el decomiso más grande del sexenio termine, además de en toneladas confiscadas, en responsables identificados. Tres laboratorios desmantelados, casi diecisiete toneladas retiradas de circulación, y ningún detenido. El golpe se mide en química y en dólares, no en imputaciones.
Ahí es donde el relato soberanista revela su verdadera función: no es un ejercicio de autodeterminación, sino una coreografía defensiva que permite mostrar resultados sin mostrar responsables, ni los operativos, cuya cadena de mando termina en materiales incautados y expedientes abiertos sin nombre; ni los institucionales, porque reconocer la dependencia de la inteligencia extranjera obligaría a admitir que la arquitectura de seguridad del Estado mexicano no se sostiene sola. La metanfetamina desaparece de los laboratorios de Sinaloa. La pregunta de quién la producía, quién la protegía y quién debía haberla detenido antes, se queda exactamente donde siempre: fuera de cuadro.
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