WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso hoy un nuevo y severo paquete de sanciones financieras dirigidas contra el núcleo del poder político y militar en Cuba, reincorporando a su lista negra al actual mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, y extendiendo las restricciones, por primera vez, a miembros de su entorno familiar íntimo y a descendientes directos del exgobernante Raúl Castro.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Orden Ejecutiva 14404, congela todos los bienes, propiedades e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense de los individuos y entidades señalados. Asimismo, prohíbe de forma estricta a cualquier ciudadano, banco o empresa de los Estados Unidos realizar transacciones comerciales o financieras con los afectados, profundizando el aislamiento internacional del Ejecutivo de La Habana.
A diferencia de rondas de sanciones previas, la actual disposición de la Casa Blanca amplía el radio de acción hacia el círculo familiar que sostiene el entramado del régimen. Además de Díaz-Canel, la lista negra incorpora a su esposa, Lis Cuesta Pedraza, y a su hijastro, Manuel Anido Cuesta. El cerco económico también alcanza de forma directa a la dinastía de los Castro, al penalizar a Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia— y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario.
De forma simultánea, Washington bloqueó las operaciones de cinco entidades clave para el financiamiento y control social del Estado cubano. La principal de ellas es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), la institución con mayor peso en la estructura económica de la isla a través de conglomerados empresariales. Las penalizaciones también se extendieron a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la corporación Minera La Victoria S.A. y la agencia estatal de viajes Amistur Cuba S.A.
La medida se inscribe dentro de una estrategia de asfixia económica que se ha intensificado de manera drástica durante el último mes, periodo en el que la administración estadounidense ya había castigado a altos mandos militares y responsables de los aparatos de inteligencia y telecomunicaciones de la isla. Desde la Casa Blanca se ha enfatizado el colapso del modelo cubano, describiendo a la isla como una "nación fallida" desprovista de energía y fuentes externas de financiamiento como el petróleo venezolano, al tiempo que se adelantó que la presión se mantendrá firme como prioridad de la política exterior en la región.
Contexto técnico e histórico
La Orden Ejecutiva 14404 es el instrumento jurídico empleado por la Casa Blanca para bloquear activos de personas y organizaciones que contribuyen de forma directa a la supresión de libertades o al sostenimiento del aparato represivo en Cuba. El MINFAR no solo controla el brazo militar, sino que históricamente gestiona, a través del conglomerado GAESA, cerca del 80% de la economía dolarizada de la isla, incluyendo los sectores turísticos, comerciales y mineros.
Esta ofensiva financiera golpea a La Habana en su momento de mayor vulnerabilidad desde el llamado "Periodo Especial" de la década de 1990, marcado por un desabastecimiento crítico de insumos básicos, una inflación descontrolada, crisis de combustible y apagones generalizados que mantienen paralizado al aparato productivo del país.
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