En México, más de 44.000 denuncias por violencia digital en menos de dos años de gobierno lo confirman. Y eso es apenas lo que se denuncia, porque la mayoría de las víctimas no llega a ninguna fiscalía. La vergüenza, la revictimización y la impunidad se encargan de silenciarlas.
Lo que está pasando en ese país debería leerse como advertencia para toda la región. La violencia digital no respeta fronteras. Sigue los mismos patrones: abuso de confianza, contenido sexual filtrado sin consentimiento, acoso sistemático y una institucionalidad que llega tarde, mal y sin protocolos.
Un colectivo de nueve mujeres sobrevivientes hace lo que el Estado no hace. Rastrean direcciones IP, bajan contenido, construyen listas de agresores y reciben cerca de 80 denuncias diarias. Se llaman Colectivo DLR y operan desde Oaxaca con capuchas, seudónimos y amenazas de muerte como parte del paisaje cotidiano. Una de las jóvenes que pidió su ayuda terminó con su vida. Ellas siguen.
Mientras tanto, la Ley Olimpia existe en el papel pero no en la práctica. Las fiscalías no tienen protocolos homologados. Las policías cibernéticas están más ocupadas con el crimen organizado. Y cuando una víctima llega a denunciar, le piden que traiga el nombre del agresor — como si el agresor usara su nombre real.
El derecho penal tiene respuestas para esto. El problema no es la norma. Es la voluntad de aplicarla y la capacidad institucional para hacerlo. Dos cosas que en América Latina escasean con una regularidad que ya no sorprende a nadie.
La violencia digital es violencia. No es un inconveniente tecnológico. Es un delito que destruye vidas, que expulsa mujeres del espacio público y que opera con la complicidad del silencio social.
Y mientras los Estados debaten protocolos, las víctimas esperan. Algunas, demasiado tiempo.
Aldo Rojas Padilla
Abogado · Escritor · Analista político
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