La norma, impulsada por el Ejecutivo de Rodrigo Paz en medio de más de un mes de bloqueos y protestas, establece el marco legal para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis.
LA PAZ, 5 de junio de 2026 — La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó en la noche del jueves la Ley de Regulación de Estados de Excepción y remitió el texto a la Cámara de Diputados, que actuará como instancia revisora. La aprobación se produjo en el día 35 de un ciclo de movilizaciones y bloqueos de carreteras que mantiene paralizado al país en varios departamentos y que ha cobrado al menos diez vidas, seis de ellas por falta de atención médica.
La sesión, desarrollada en modalidad híbrida —con 15 senadores presentes en el hemiciclo y 18 conectados de forma virtual— aprobó los 19 artículos resultantes del proyecto en sus dos estaciones: en grande y en detalle. La Comisión de Constitución del Senado había eliminado previamente 18 de los 37 artículos del anteproyecto original remitido por el Poder Ejecutivo el miércoles. Al cierre del debate, el presidente de la Cámara, Diego Ávila, declaró concluido el trámite en el Senado: "La ley, con las modificaciones introducidas, debe ser remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento como cámara revisora".
Un instrumento legal para una crisis en escala
La norma establece que el presidente podrá declarar el estado de excepción ante situaciones de amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, por un período de hasta 90 días —prorrogable con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional—, y ratifica que la declaratoria requerirá el aval de la Asamblea en un plazo máximo de 72 horas. Durante la vigencia del estado de excepción, la Policía Boliviana mantendrá el mando primario de las operaciones de preservación del orden público; no obstante, si fuera superada en un escenario de conmoción interna, el Órgano Ejecutivo podrá disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La ley también habilita, bajo ese régimen, el arresto y traslado de personas que incumplan las restricciones vigentes, aunque por un período no superior a ocho horas. Asimismo, establece que las actuaciones de efectivos policiales y militares durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad, una disposición que generó debate en el Senado. La única abstención registrada fue la de la senadora Soledad Chapetón (Unidad), quien manifestó que, si bien consideraba necesaria la norma, el complejo escenario en El Alto hacía inoportuno su tratamiento en ese momento.
El contexto de las protestas
El proyecto fue impulsado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz en respuesta a una crisis social sin precedentes en la Bolivia contemporánea. Desde el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos, mineros, transportistas y docentes —muchos de ellos afines al expresidente Evo Morales— comenzaron un ciclo de movilizaciones que inicialmente demandaban un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustibles y la abrogación de la Ley 1720. Con el agravamiento del conflicto, las protestas incorporaron la exigencia de la renuncia de Paz.
Los bloqueos afectan siete departamentos y han generado una crisis humanitaria severa: escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno en ciudades como La Paz y El Alto, interrupción de ambulancias y saqueos de instalaciones públicas. El gobierno ha acusado a estructuras ligadas al narcotráfico de financiar las movilizaciones, y el mandatario prometió librar "la batalla de las batallas" contra esos grupos. El gobierno estadounidense, por su parte, expresó su apoyo al presidente Paz y rechazó todo intento de desestabilización del orden constitucional boliviano.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, cuyo presidente se comprometió a tratarlo "de inmediato". La sanción de la norma abriría la vía legal para que el Ejecutivo declare formalmente el estado de excepción si considera que el diálogo con los sectores movilizados ha quedado agotado.
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