Reclusos del Internado Judicial de Barinas toman el penal en protesta por torturas y exigen la destitución del nuevo director

 

La revuelta en el Injuba es el punto de ebullición de una crisis de diez días: requisas violentas, traslados forzosos, más de 120 presos en aislamiento y gases lacrimógenos lanzados contra el pabellón femenino. El régimen no emitió comunicado oficial.

Barinas, Venezuela — 24 de mayo de 2026

Decenas de reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) subieron este domingo al techo del penal, quemaron colchonetas y exigieron la destitución del director recién designado, Elvis Macuare Guerrero, a quien acusan de someterlos a requisas violentas, golpizas, aislamiento arbitrario y torturas. La denuncia fue documentada y difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

De acuerdo con el OVP, más de 120 privados de libertad permanecen recluidos en celdas de aislamiento desde la llegada de Macuare Guerrero, designado hace apenas una semana tras la destitución del anterior director, Robert Cabeza. Los internos lograron comunicarse con el equipo técnico de la organización para consignar un pliego de denuncias que incluye la destrucción sistemática de sus pertenencias durante las requisas y agresiones físicas reiteradas.

Gases lacrimógenos y disparos tras la entrada de la GNB

Familiares de los reclusos intentaron impedir el acceso de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, sin conseguirlo. Minutos después de que los efectivos ingresaron al penal, quienes aguardaban en las inmediaciones escucharon gritos y detonaciones. Según los testimonios recogidos, los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas hacia el pabellón femenino, donde más de cien mujeres privadas de libertad comenzaron a asfixiarse, siendo asistidas por los propios internos. El personal de custodia, acompañado por el nuevo director, supuestamente disparó contra los presos, dejando algunos heridos.

La ONG responsabilizó de manera directa al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por cualquier hecho violento que pueda producirse en el Injuba. El 20 de mayo, el OVP junto a familiares, expresos políticos, estudiantes y activistas había exigido la renuncia inmediata de García Zerpa, a quien señalan de complicidad con torturas y al menos 27 muertes de detenidos por razones políticas ocurridas en distintas cárceles del país desde 2014. 

Una crisis que lleva diez días escalando

El 14 y 15 de mayo, familiares concentrados frente al Injuba denunciaron que se impedía el ingreso de alimentos y alertaron sobre tratos irregulares en el interior. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario respondió con una requisa calificada de rutinaria y anunció la designación de una nueva dirección para el penal. 

El 16 de mayo, hombres encapuchados protagonizaron una golpiza dentro del recinto, según los relatos de los familiares presentes. Unos cuarenta reclusos fueron trasladados a continuación a destinos no informados, sin que las autoridades notificaran a sus allegados.

El caso del preso político Tito Livio Volcanes Dávila

El 19 de mayo, el productor agropecuario Tito Livio Volcanes Dávila, preso político recluido en el Injuba, fue trasladado de emergencia a la Clínica Barinas con un cuadro crítico de salud. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el director del penal intentó obstaculizar su atención médica. Finalmente fue excarcelado el 20 de mayo, en el marco del anuncio de la Asamblea Nacional chavista de liberar a 300 presos políticos. Esa misma comunicación confirmó la destitución de Robert Cabeza y el nombramiento de Macuare Guerrero, el funcionario que los reclusos señalan hoy como responsable de los abusos denunciados.

Un patrón sistemático en el sistema penitenciario venezolano

La crisis ocurre semanas después de otros hechos violentos registrados en cárceles venezolanas, como el motín en la prisión de Yare III, donde murieron al menos cinco reclusos. El OVP ha documentado además al menos 14 muertes bajo custodia estatal entre abril y los primeros días de mayo, sin que el Ministerio Penitenciario haya ofrecido explicaciones oficiales.

Venezuela arrastra un sistema penitenciario en colapso estructural. La violencia institucional, el hacinamiento, la falta de atención médica y los traslados arbitrarios han convertido los centros de reclusión en espacios donde la arbitrariedad opera sin contrapesos. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias venezolanas y el Ministerio para el Servicio Penitenciario no han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en el Internado Judicial de Barinas.