Causa Vialidad: La Justicia Ordena Ejecutar 111 Bienes de Cristina Kirchner, Sus Hijos y Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, dictó este viernes un fallo de alto impacto en la causa Vialidad al confirmar el decomiso y ordenar la ejecución de 111 bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, al empresario Lázaro Báez y a firmas vinculadas a su estructura societaria.

Un fallo histórico por más de 684.000 millones de pesos

La Sala IV de la Casación confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria. La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. 

El decomiso comprende 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, además de activos vinculados a la estructura empresarial del empresario santacruceño. 

Las propiedades atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. También fueron detectados 46 vehículos, más de 4,6 millones de dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, y casi un millón de dólares adicionales en una cuenta bancaria. 

La estrategia defensiva que no prosperó

Las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin "trazabilidad directa" con el delito. La expresidenta intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, junto con una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que habían sido cedidas a sus hijos. 

La medida alcanza también los activos de empresas consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas a Báez. 

La defensa de la familia Kirchner y de Lázaro Báez había interpuesto recursos para frenar los remates, alegando que los bienes no guardaban relación temporal con los hechos juzgados o que sus titulares actuales eran ajenos a la condena. 

Los votos que definieron el fallo

La estrategia quedó descartada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron a excluir los bienes. Hornos marcó que el decomiso no puede quedar en una "declaración abstracta", sino que debe traducirse en una "recuperación real y efectiva" de los activos provenientes del delito. 

El magistrado subrayó que la pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito, criterio al que Barroetaveña adhirió en todos sus términos.

El juez Mariano Borinsky tuvo una interpretación distinta: sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los inmuebles heredados por Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, su posición quedó en minoría.

Un plazo vencido y años de apelaciones

El plazo para que los condenados respondieran de forma solidaria por el monto actualizado venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo original —lo que habilitó la ejecución de las penas—, siendo el decomiso lo único que restaba ejecutar. 

La medida fue ratificada por mayoría y consolida un criterio clave: que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. 

El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, insistió en la ejecución inmediata ante la falta de pago de los montos fijados en la sentencia.

Antecedentes del caso

La causa Vialidad investiga el presunto direccionamiento fraudulento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en beneficio del empresario Lázaro Báez. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme tras la confirmación de la Corte Suprema, y este último fallo de Casación cierra el ciclo de apelaciones sobre el decomiso patrimonial, convirtiendo la recuperación de activos en una obligación judicial de cumplimiento inmediato.

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