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Caso Mapiripán tiene hoy un día clave en la Corte Interamericana.


Colombia pedirá que se modifique el fallo por las falsas víctimas y presentará otras no reconocidas.

Si bien los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)no admiten recursos, y hasta ahora ese tribunal no ha modificado sustancialmente ninguna de sus sentencias contra los Estados, Colombia intentará este miércoles, en San José de Costa Rica, convencerlo de que dé un paso inédito y revise y modifique su fallo en el caso de Mapiripán.

Un equipo encabezado por la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, va a plantear el debate.
En una audiencia, a puerta cerrada, la Corte abordará el caso de las falsas víctimas de Mapiripán que recibieron reparaciones millonarias por una de sus sentencias.

Catorce años después de la matanza realizada por los 'paras' de Carlos Castaño en ese pueblo, a orillas del río Guaviare, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía considera que al menos 12 de las 20 víctimas reconocidas en el fallo de la Corte no fueron tales. Incluso, uno de los supuestos desaparecidos compareció en una audiencia judicial en Bogotá hace apenas un mes.

Lo que se busca no es una absolución para la Nación, pues está probado que los 'paras' que cometieron el crimen recibieron apoyo de la Fuerza Pública en Urabá y los Llanos, sino que la histórica sentencia se ajuste a los descubrimientos de la Fiscalía.

Tres fiscales colombianos informarán de la identificación de cuatro nuevas víctimas de la incursión 'para' en Mapiripán, en julio de 1997. Ellas no aparecen en el fallo de la Corte, que había ordenado a Colombia investigar la suerte de otras 13 personas, aparte de los muertos y desaparecidos por las que ordenó reparación.
Entre esas nuevas víctimas está Óscar Alberto Madrid Restrepo, señalado como supuesto colaborador de la guerrilla y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal.
"Fue amarrado a un árbol, se le metió algo en la boca y fue degollado", declararon ante Justicia y Paz varios de los 'paras' que estuvieron en Mapiripán. Otra de las víctimas hasta ahora desconocidas es Walter Orejuela Mosquera, un hombre de raza negra. Su esposa y su hijo, que se creían muertos, viven en Medellín como desplazados de la masacre del Meta.

La Fiscalía dice que está probada la muerte de otra persona que fue sacada de las Residencias Guaviare hacia el matadero y luego fue asesinada. El cuerpo del hombre fue visto por varios pobladores flotando en el río, pero por temor no lo sacaron. Los ex Auc confirmaron ese asesinato. El último caso documentado es el de María Georgina Pinzón, quien era conocida como Teresa y fue asesinada en el sector de Cooperativa.

La Fiscalía sostiene que más de 26 personas fueron vistas camino del matadero, lugar en el que los 'paras' asesinaron a varias y luego las arrojaron al río. Sin embargo, dicen los investigadores, en algunos casos fueron dejadas en libertad, pero por el temor huyeron de la zona y sus vecinos las dieron por muertas.

La Fiscalía llamó a interrogatorio a seis de las víctimas falsas.El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que asesoró a cinco familias de víctimas, entre ellas dos de las cuestionadas por la Fiscalía, envió al organismo un derecho de petición para que se expliquen las supuestas inconsistencias entre las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que habló de hasta 77 posibles víctimas, y las de Justicia y Paz, que descubrió la trampa.
'El DAS está detrás', dice el Colectivo
ELTIEMPO.COM estableció que el Colectivo José Alvear se defenderá asegurando que las falsas víctimas de Mapiripán son parte de un montaje de agentes del Estado para desacreditarlos.
Como prueba, entregarán a la Corte documentos reservados del DAS en los que se dan instrucciones al respecto y revelarán interceptaciones de ese organis- mo a llamadas y correos de sus abogados, en donde estos hablan de la estrategia jurídica en el caso Mapiripán.
Las cintas y los documentos reposan en las carpetas incautadas al DAS dentro del expediente por el seguimiento a magistrados, ONG y hasta a miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
FUENTE: DIARIO EL TIEMPO. COLOMBIA. 




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