Venezuela: Organizaciones de Derechos Humanos Denuncian como Inconstitucional el Fin de la Ley de Amnistía

Organizaciones venezolanas de derechos humanos alzaron la voz este jueves para condenar la decisión del gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez de poner fin a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, calificando la medida de arbitraria e inconstitucional.

Una ley sin fecha de vencimiento, clausurada por decreto

Rodríguez anunció el 23 de abril que la amnistía "llega a su fin", apenas dos meses después de que la ley fuera aprobada —un texto que, por cierto, no contempla ninguna fecha de caducidad— y en un momento en que aún permanecen 473 presos políticos según las estimaciones de organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no ofreció detalles ni explicó en qué consiste exactamente el "fin" de la norma, sancionada el 19 de febrero. Señaló únicamente que los casos que estaban "excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la recién instalada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. 

Los números del gobierno frente a los de las ONG

Según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria de seguimiento a la norma, hasta el miércoles 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares. Las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes válidas. 

Sin embargo, estas cifras contrastan con los registros de las organizaciones independientes. Foro Penal señaló que desde el 8 de enero de 2026 se habían producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 ocurrieron como consecuencia directa de la amnistía. Las autoridades siguen sin publicar el listado oficial de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas. 

Arbitraria e inconstitucional": la respuesta de la sociedad civil

La organización Provea calificó la decisión de "arbitraria e inconstitucional" y advirtió que la medida "no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando". La ONG subrayó que la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país y que representaba "un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes".

Por su parte, la organización Acceso a la Justicia advirtió que la ley "no fija ningún límite temporal para que los beneficiarios soliciten la amnistía, ni mucho menos establece en su texto una fecha de vencimiento o caducidad", y señaló que la derogación no compete al Ejecutivo, ya que el anuncio viola la separación de poderes. 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue más allá al advertir que pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral "representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico". 

Foro Penal: falta de voluntad desde el principio

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, sostuvo que la ley tuvo un alcance limitado por la falta de voluntad del Ejecutivo y del Parlamento —controlados ambos por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez— y porque los órganos de administración de justicia "nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la ley". 

Foro Penal registra que aún existen 473 presos políticos, incluidos 43 de nacionalidad extranjera, entre quienes destaca el abogado argentino Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 y acusado de terrorismo y narcotráfico por las autoridades venezolanas. 

La organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva esa cifra: estima que el total de presos políticos asciende a 672 personas. La ausencia de cifras oficiales y el temor de las víctimas a denunciar hacen imposible la elaboración de una lista consolidada de detenidos. 

Un instrumento que no cumplió su promesa

Para las organizaciones civiles, el balance es contundente. La ley terminó siendo "un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", y advierten que "la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política". 

La Ley de Amnistía fue promulgada el 19 de febrero de 2026 en el contexto posterior a la detención de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia encargada de Venezuela. Su clausura unilateral, sin base jurídica y con cientos de casos pendientes, representa según los defensores de derechos humanos un retroceso en el frágil proceso de reconciliación nacional que el propio gobierno había prometido impulsar.

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